Parecía que Edgar Danés, todavía presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, la había librado.
Pero… no es así.
Como se comentó en esta columna hace dos días, el magistrado electoral tamaulipeco no puede ser destituido pese a que se comprobó que cobra tanto en el Tribunal como en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), algo prohibido por la constitución.
No puede ser destituido como juez electoral porque el Senado de la República no tiene facultad para ejercer contra ningún magistrado.
La Cámara Alta los puede designar, pero no los puede destituir. La destitución no está contemplada en la ley. Casualmente, en este México lindo y querido, esa laguna jurídica protege a los jueces.
Sin embargo, el caso de Edgar Danés tiene otras vertientes, las que, de confirmarse, van a rayar en el escándalo.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores tiene en sus manos dos expedientes penales en contra del presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Sí, penales. Dos.
Un par de acusaciones que, se reitera, de confirmarse, lo conducirán por el camino de la renuncia.
Por más que se aferre a las nóminas, aunque se ampare, Edgar Danés, el magistrado traidor, tendrá que resolver asuntos pendientes con la justicia.
Lejos, muy lejos está el sueño guajiro de Edgar Danés de ser integrante de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Porque ese era su objetivo: llegar al Tribunal Electoral Federal y, desde allá, influir o, mejor dicho, manipular el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Esos eran los sueños de grandeza del magistrado traidor: construir un cacicazgo judicial en materia electoral.
Una ambición, una soberbia y un egocentrismo tan grande como el cuadro, estilo autorretrato, que cubre buena parte de la pared de la sala de su casa.
