El único municipio que impugnó la reforma a la Ley de Aguas de Tamaulipas fue Reynosa y lo hizo a través de dos vías: una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un recurso de amparo que presentó en el Juzgado Octavo de Distrito.
La Suprema Corte, catalogado como el Tribunal Constitucional de México, desechó la controversia presentada por el Cabildo de Reynosa a través del síndico segundo de nombre Marco Antonio Montalvo Hernández.
Fue el magistrado instructor Juan Luis González Alcántara quien estudió el caso y su resolución fue clara y contundente: el recurso legal del Ayuntamiento de Reynosa fue tirado al basurero de lo absurdo.
Sin embargo, como suele pasar en este país, una jueza, una titular de un Juzgado de Distrito Federal, decidió lo opuesto a un magistrado de la Suprema Corte: otorgó la suspensión de la nueva Ley de Aguas de Tamaulipas y, por tanto, no puede regular la operación, a través de una reestructuración de su Consejo de Administración, de la Comapa de Reynosa.
Este caso exhibe lo que es el sistema de justicia mexicano en nuestros días: la Suprema Corte, la máxima instancia de la justicia, dice una cosa y una jueza de distrito opina y decide sospechosamente lo contrario.
Lo más descabellado es que prevalece la resolución de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín por encima de lo analizado y dictado por un magistrado del Tribunal Constitucional de México.
Una de las funciones centrales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mantener el orden constitucional que rige a los órganos de gobierno y, por tanto, resuelve los conflictos entre los distintos niveles gubernamentales. Sus argumentos y resoluciones deberían ser la pauta a seguir para los juzgados de distrito.
Pero… qué se puede esperar de un Juzgado de Distrito de Reynosa que una y otra vez concede amparos para que nefastos personajes de la política como el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca evadan órdenes de aprehensión y la acción de la justicia.
La Jueza Adriana Yolanda Vega otorgó un amparo a Cabeza de Vaca y ahora concede una suspensión al Ayuntamiento de Reynosa que preside Carlos Peña Ortiz, hijo de la senadora Maki Ortiz, para que la nueva Ley de Aguas de Tamaulipas no sea aplicada en la Comapa de Reynosa.
Por supuesto, el amparo de la Jueza de Distrito, que tiene residencia en Reynosa, resulta más que sospechoso, un caso que exhibe la forma recurrente de operar de los Juzgados distritales a favor de intereses políticos que se oponen a que las cosas cambien en beneficio de los ciudadanos.
¿Qué busca la reforma a la Ley de Aguas de Tamaulipas aprobada en agosto pasado por el Congreso del Estado? Entre otras cosas, una mayor participación del Poder Legislativo en los Consejos de Administración para la supervisión del manejo de los recursos.
También se promueve la inclusión de representantes de la sociedad civil en los Consejos de Administración de las Comapas a fin de que participen en la toma de decisiones. Esto, obvio, estimula e impulsa la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante, alguien no quiere eso, alguien se opone a la transparencia y la supervisión colectiva: el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
El problema es que la Comapa de Reynosa es un organismo ineficiente y que presta un pésimo servicio, un auténtico ‘chiquero’ como bien lo dijo y lo describió el presidente del Congreso del Estado, el diputado Humberto Prieto, un reynosense que conoce a la perfección lo que sucede en esa ciudad fronteriza.
Ante la resolución de la Jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, el Congreso del Estado va a responder legalmente ante las instancias correspondientes.
El Poder Legislativo tamaulipeco tiene algo a su favor: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar la controversia constitucional del Ayuntamiento de Reynosa y de su alcalde Carlos Peña Ortiz.
EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS Y LA CADENA OXXO FIRMAN CONVENIO QUE FORTALECE SEGURIDAD
Tras los hechos que ocurrieron semanas atrás en Nuevo Laredo, el gobierno de Tamaulipas y la cadena comercial OXXO firmaron ayer un convenio que tiene por objetivos fortalecer la seguridad y acelerar la respuesta ante situaciones de robo y asalto en esas tiendas de conveniencia.
Tan relevante es el acuerdo que se contó con la presencia del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya.
El grupo de directivos de OXXO fue encabezado por el apoderado legal de la cadena, Jorge Arturo Sánchez López.
¿Qué hará el gobierno estatal para mejorar en concreto la seguridad? Una acción será la instalación de botones de alerta en estas tiendas para comunicar de inmediato una situación de riesgo a las bases de los C5 y, de esa forma, exista una respuesta policiaca más rápida.
Otra de las acciones que se realizarán será el incremento de los patrullajes de la Guardia Estatal en los alrededores de las tiendas OXXO. Con mayor vigilancia se busca prevenir los delitos.
El convenio entre el gobierno de Tamaulipas y la cadena comercial va más allá, ya que OXXO se incorpora al programa Puntos Rosas y, por tanto, ahora estas tiendas serán un espacio seguro a las mujeres que lo necesiten en caso de que estén en riesgo de sufrir o huyan de una agresión.
El apoderado legal de la cadena comercial reconoció el trabajo y la disposición del gobernador Américo Villarreal Anaya en materia de seguridad pública.
La firma del acuerdo se realizó en el Salón Independencia y también participaron el secretario general de gobierno, Héctor Joel Villegas González; Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y la secretaria de Economía del gobierno estatal, Ninfa Cantú Deándar.
Y PARA CERRAR…
El alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, firmarán hoy por la tarde un convenio de colaboración institucional.
La firma se llevará a cabo a las 16 horas en la Plaza Gobernadores de la Playa de Miramar.
