La confrontación política que vemos en torno a la reforma judicial impuesta por la Cuarta Transformación no tiene otra meta que la obtención de la ‘supremacía’ que define el rumbo de la nación.
Es un decir abiertamente: ‘Aquí mandamos nosotros’.
Es, como ha sucedido a lo largo de los poco más de 200 años de historia independiente de México, el choque de dos grupos por el control del país.
Esta lucha frontal por el poder la perderá, pese a la crisis institucional que con toda intención busca como último recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Vayamos por partes…
Morena tiene el control de dos Poderes de la República: el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, la Presidencia y el Congreso de la Unión.
Ocho ministros, identificados con los intereses del conservadurismo y del PRIAN, detentan el control del otro Poder de la República, el Judicial.
Ellos, los ocho magistrados, son la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, al interior, con su toga, ellos hacen y deshacen.
Entre esos Poderes en disputa, existe una diferencia sustancial, de fondo: la forma en que fueron electos.
La presidenta de México, los senadores y los diputados federales llegaron a sus cargos por la vía democrática. Ganaron sus elecciones en un proceso constitucional.
Los magistrados de la Suprema Corte, por su parte, llegaron a sus privilegiadas posiciones tras ser propuestos por los presidentes en turno y con la aprobación de la Cámara de Senadores al más puro estilo de los Estados Unidos.
Obvio, este método de designación de los ministros siempre ha generado un sesgo político e ideológico. En gran medida los integrantes de la Suprema Corte son una extensión del pensamiento político y jurídico del presidente que los propuso (ya sea por mérito, por amistad o porque se le pegó la ‘regalada’ gana).
Es fundamental entender eso: todos los magistrados responden a los intereses de un liderazgo y/o de un grupo político que está en el poder.
Los ministros de la Corte no son unos santos de la justicia, ni menos de la democracia. Aunque se dice que imparten justicia, las más de las veces solo la administran a favor de la línea política sexenal. Conocen y dominan a la perfección el lenguaje de la jurisprudencia, pero no son unos demócratas leales. Nunca lo han sido, ni lo serán.
Se reitera, como todos los actores del escenario político de una República, los magistrados tienen sus intereses.
Un ejemplo reciente de cómo un (ex) integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación responde a los intereses políticos de un grupo de poder es José Ramón Cossío Díaz: quiere destituir de la Presidencia de México a la doctora Claudia Sheinbaum y, de esa forma, dar un Golpe de Estado que saque a Morena de Palacio Nacional.
El exministro desea hacer mediante una interpretación jurídica lo que la oposición, el PRIAN, no pudo hacer por la vía democrática: quitarle el poder a Morena, impedir el segundo sexenio de la Cuarta Transformación.
Incluso, el exmagistrado quiere desaforar y meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum y, de paso, a todos los senadores y diputados federales morenistas.
El ‘sueño húmedo’ de los conservadores: desaparecer del mapa político a la 4T, quitarles el poder con una argucia legaloide de un ‘especialista’.
Eso es lo que quieren los poderosos grupos empresariales con sede en Monterrey, lo que queda del salinismo con residencia en Madrid, las televisoras venidas a menos y el PAN de Claudio X. González (oscuro personaje que maneja a su antojo al tal Marko Cortés y al partido blanquiazul).
De esa forma, con sus ‘tronantes declaraciones’ en los micrófonos de una prensa anti-4T, Cossío Díaz, propuesto para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el panista Vicente Fox, responde plenamente a los intereses del conservadurismo mexicano.
El actual Poder Judicial no genera confianza alguna. Tampoco la generó el Poder Judicial del pasado.
La reforma judicial de diciembre de 1994 tuvo una razón política de fondo: Ernesto Zedillo se sacudió a los magistrados que respondían a los intereses de Carlos Salinas de Gortari.
Fue una ‘limpia’, un ‘ajuste de cuentas’ al interior del viejo régimen priista, el que ya se encaminaba a entregar el poder al PAN tal como eran los designios de los gringos Clinton y Bush.
En 1994, Zedillo hizo a un lado a los ministros salinistas y de la arcaica ‘nomenklatura’ priista. Nadie, absolutamente nadie en la prensa ni en el Poder Judicial, dijo algo en contra.
Para entonces, México ya no era ‘la dictadura perfecta’ (frase magistral del escritor y novelista peruano Mario Vargas Llosa). Sin embargo, nadie cuestionó ‘la reforma’ zedillista, nadie se opuso al presidente.
Ahora, en los tiempos de la 4T, Morena quiere hacer -de hecho, la va a hacer- una ‘limpia’ del Poder Judicial. Aunque los conservadores afirman que México vive una ‘dictadura’, infinidad de voces de ese conservadurismo lanzan críticas y cuestionamientos a la reforma judicial a través de todos los medios de comunicación y desde las distintas plataformas de las redes sociales. Es decir, existe plena libertad de expresión (cosa que no hay en los regímenes dictatoriales).
Al final de esta disputa, la 4T va a obtener la ‘supremacía’ política de la nación, ejercerá el control. Los Poderes del Ejecutivo y el Legislativo se van a imponer al Poder Judicial. La ‘renuncia’ de los ocho ministros o, mejor dicho, la decisión de que no van a participar en la elección popular de jueces y magistrados de junio de 2025 y de que se van a ir, es un mensaje de que cederán.
No obstante, de aquí a entonces, provocarán una crisis institucional, con la que tratarán de ponerle múltiples piedras en el camino a la reforma, a la operatividad de la reestructuración.
Pero… finalmente, el Poder Judicial también estará en manos de la Cuarta Transformación… así como lo tuvo, en su momento, el PRIAN.
Esto es un cambio de régimen. El control político lo tiene otro grupo de poder legitimado plenamente en las urnas. Que nadie se espante.
FIN DE TEMPORADA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURAL
El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano bajó el telón con un evento magno de esta fiesta cultural en la capital del estado, Ciudad Victoria.
Además de la participación de cientos de agrupaciones artísticas en 31 municipios que participaron en la celebración, se alcanzó un récord de asistencia: 125 mil tamaulipecos asistieron a los actos que se realizaron entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre.
Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes (ITCA), calificó el Festival Internacional como ‘la máxima fiesta de la cultura estatal’.
En Tampico y Madero, los presidentes municipales Mónica Villarreal Anaya y Erasmo González Robledo clausuraron, por su parte y por separado, el Festival Internacional Cultural con eventos que se llevaron a cabo en ‘El Metro’ y en la Plaza Isauro Alfaro, respectivamente.
SE IMPARTIÓ EL SEMINARIO ‘IDENTIDAD UAT, HUMANISMO UNIVERSITARIO’
Durante el mes de octubre se impartido vía web un seminario muy interesante en la máxima casa de estudios del estado: ‘Identidad UAT, Humanismo Universitario’.
El objetivo fue crear un espacio de reflexión para la comunidad universitaria integrada por estudiantes y profesores, bajo el compromiso de una educación integral de calidad.
Lo central de este espacio fue el enfoque humanista en la educación, vista la educación como un factor de transformación del individuo y de la sociedad.
El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, clausuró el seminario, el cual fue exitoso.
Y PARA CERRAR…
¿Será cierto que Yahleel Abdala ya vive en ‘el otro lado’, en algún lugar de Texas?…
